El gobierno de Biden publicó el 30 de octubre de 2023 una orden ejecutiva sobre inteligencia artificial que es el movimiento regulatorio más amplio del gobierno federal estadounidense hasta ese momento. El texto no crea nuevas leyes —eso requiere al Congreso— pero encarga a casi todas las agencias federales que activen medidas concretas en el siguiente año.
Qué hace y qué no hace la orden ejecutiva
La distincción es importante: la orden no regula directamente a las empresas privadas ni impone sanciones. Lo que hace es ordenar a las agencias federales que tomen decisiones sobre cómo éstas supervisarán, evaluarán o incorporarán la IA en sus áreas de competencia. Como efecto indirecto, las empresas del sector privado que trabajan con el gobierno o que operan en sectores regulados —finanzas, salud, infraestructura crítica— verán cómo ese marco regulatorio se concreta en los próximos meses.
Las medidas más relevantes por área
Gobernanza interna: cada agencia federal debe designar un responsable de IA (Chief AI Officer) que participe en un nuevo Consejo de IA de la Casa Blanca. El objetivo es que la coordinación no sea solo declarativa sino que tenga una estructura de rendición de cuentas.
Mercado laboral: la orden reconoce el riesgo de desplazamiento de empleo por IA y pide a las agencias que vigilen el uso de herramientas de IA en contratación y selección de personal, con foco en posibles sesgos discriminatorios. También menciona la vigilancia electrónica de trabajadores como un área de atención.
Privacidad: se pide el desarrollo de técnicas que preserven la privacidad en los datos usados para entrenar modelos, incluyendo herramientas criptográficas. No se especifica quién las desarrollará ni con qué presupuesto.
Propiedad intelectual: la Oficina de Derechos de Autor recibe instrucciones para elaborar guías sobre cómo tratar el contenido generado con IA y su posible conflicto con obras protegidas. Esta es una de las áreas con mayor litigación activa en ese momento.
Talentos y visados: la orden busca agilizar los procesos de visado para profesionales de IA y tecnología que quieran trabajar en Estados Unidos, una medida que reconoce que la competencia por talento técnico es también una cuestión de seguridad nacional.
Semiconductores y manufactura: el sector de chips recibe respaldo explícito, enlazando con la CHIPS Act aprobada el año anterior. La orden refuerza el compromiso de subsidios federales para la producción doméstica de semiconductores.
Servicios financieros: el Departamento del Tesoro debe presentar un informe sobre cómo el sector gestiona los riesgos de ciberseguridad vinculados al uso de IA.
Grandes empresas tecnológicas: las empresas que desarrollen modelos de IA con impacto potencial sobre seguridad nacional tendrán que notificar al gobierno los test de seguridad realizados antes de su lanzamiento. Aquí el texto se alinea con el trabajo que al mismo tiempo se realizaba a nivel internacional, como la Declaración de Bletchley sobre seguridad de los modelos frontier.
El contexto: una carrera regulatoria global
La orden ejecutiva de Biden llegó pocos días después de Bletchley Park y en el mismo mes en que la UE terminaba de perfilar el AI Act. Las tres iniciativas —EE.UU., Reino Unido y UE— tienen enfoques distintos: EE.UU. prioriza la competitividad y la seguridad nacional, la UE la protección de derechos fundamentales y el control de riesgos, y el acuerdo británico optó por la diplomacia multilateral. La regulación europea sobre etiquetado de contenido IA es uno de los ejemplos de cómo ese marco se va traduciendo en obligaciones concretas para las empresas.
Preguntas frecuentes sobre la orden ejecutiva de Biden sobre IA
¿Qué es una orden ejecutiva y qué fuerza tiene?
Una orden ejecutiva del presidente de EE.UU. tiene fuerza de ley para las agencias federales pero no crea nuevas obligaciones para el sector privado sin un desarrollo legislativo posterior del Congreso. Su impacto real depende de la rapidez y rigor con que las agencias la ejecuten.
¿Obliga la orden a las empresas privadas a hacer algo?
Directamente no. Pero las empresas que contratan con el gobierno federal o que operan en sectores regulados —salud, finanzas, infraestructuras críticas— sí se verán afectadas cuando las agencias reguladoras de su sector desarrollen sus propias guías y requisitos derivados de la orden.
¿Qué exige la orden sobre los modelos de IA más potentes?
Las empresas que desarrollen modelos con potencial impacto sobre seguridad nacional deben notificar al gobierno los resultados de sus pruebas de seguridad antes del lanzamiento. Es una medida de transparencia, no una aprobación regulatoria previa.
¿Qué relación tiene con el AI Act europeo?
Son marcos paralelos con enfoques distintos. El AI Act europeo establece categorías de riesgo y prohibiciones concretas con aplicación a cualquier empresa que opere en la UE, independientemente de su origen. La orden ejecutiva de Biden activa las agencias federales pero no tiene alcance directo sobre empresas europeas.
