La huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) —que se extendió del 24 de enero al 28 de marzo de 2023— suspendió cerca de 400.000 juicios y vistas en España y dejó aproximadamente 480.000 demandas sin procesar en los juzgados. El impacto, que siguió presente en la carga de trabajo de los tribunales meses después del acuerdo, reabrió el debate sobre el papel del LegalTech y la inteligencia artificial (IA) en la modernización del sistema judicial.
El colapso no llegó de golpe: la justicia española arrastra años de sobrecarga estructural. Pero la paralización de los LAJ, funcionarios que gestionan los señalamientos, las notificaciones y el papeleo procesal, lo hizo visible en pocas semanas. Más de dos meses sin ese engranaje dejaron expedientes bloqueados y ciudadanos sin respuesta.
LegalTech como respuesta al atasco judicial
Alejandro Pintó Sala, presidente de Economist & Jurist Group e ITTI High Tech Institute, defiende que la IA no supone una amenaza para los letrados, sino una herramienta que amplía su capacidad de trabajo. «El abogado del mañana será el propio programador de sus herramientas de gestión, capaces de superar los obstáculos que nos plantea el colapso de la gestión humana», señala Pintó.
El LegalTech, tecnología aplicada al sector jurídico, abarca desde la gestión documental automatizada hasta sistemas de búsqueda de jurisprudencia con procesamiento de lenguaje natural (PLN). En un sistema judicial con miles de procedimientos acumulados, estas herramientas permiten a los despachos reducir el tiempo dedicado a tareas repetitivas: redacción de escritos, revisión de contratos o seguimiento del estado de los expedientes.
ChatGPT, el modelo de lenguaje grande (LLM) de OpenAI, es el ejemplo más visible de esta tendencia. Desde su lanzamiento público en noviembre de 2022, varios despachos han probado su uso para redactar borradores de contratos o resumir expedientes extensos. Pintó defiende que los abogados que conozcan su funcionamiento y sus límites tendrán ventaja sobre quienes lo ignoren.
Qué puede hacer la IA en un despacho jurídico (y qué no)
Las aplicaciones más consolidadas del LegalTech se concentran en la revisión de contratos, la búsqueda de precedentes judiciales y la automatización de documentos repetitivos. Herramientas como Lexis+ AI de LexisNexis o Harvey (entrenado sobre datos legales con GPT-4) ya tienen presencia en grandes firmas anglosajones, aunque su despliegue en el mercado español es todavía incipiente.
Los límites son conocidos: los modelos de lenguaje cometen errores factuales (lo que en el sector se llama «alucinaciones») y no siempre tienen acceso a la jurisprudencia más reciente. Pintó reconoce que el uso de IA en derecho exige supervisión humana constante. La confidencialidad de los datos del cliente es, en este contexto, una restricción que ninguna herramienta puede ignorar: usar ChatGPT con datos reales de clientes implica que esa información pasa por servidores externos, lo que exige protocolos específicos de privacidad o soluciones desplegadas localmente.
El marco regulatorio también avanza. El AI Act europeo, la primera legislación exhaustiva sobre IA a escala global, clasifica los sistemas de IA aplicados a la administración de justicia como de «alto riesgo», lo que implica requisitos estrictos de transparencia, trazabilidad y supervisión humana antes de su despliegue. Para más contexto sobre cómo las empresas tecnológicas responden a esta normativa, véase cómo IBM respondió al acuerdo histórico de la UE sobre regulación de la IA.
Formación tecnológica, el otro reto del sector legal
Pintó apunta a la formación como variable clave: «los letrados más avezados en tecnología y capaces de adaptarse al nuevo escenario serán los que cosechen éxito en el futuro inmediato». ITTI High Tech Institute trabaja en programas de capacitación para abogados en herramientas digitales, IA y gestión de datos.
La transformación del perfil del abogado no implica que la IA sustituya el criterio jurídico. Un modelo de lenguaje puede resumir 500 páginas de un expediente en minutos, pero la estrategia procesal, la valoración del riesgo y la relación con el cliente siguen dependiendo del profesional. El debate sobre qué tareas delegar a la IA y cuáles conservar se intensificó a lo largo de 2024, cuando los desafíos legales y avances tecnológicos de la IA pusieron sobre la mesa cuestiones como la responsabilidad de los sistemas autónomos y la propiedad intelectual de los contenidos generados.
Preguntas frecuentes sobre IA y LegalTech en España
¿Qué es el LegalTech y cómo se aplica en España?
El LegalTech engloba las tecnologías aplicadas al sector jurídico: gestión documental automatizada, búsqueda de jurisprudencia con IA, redacción asistida de contratos y plataformas de resolución de conflictos en línea. En España, el mercado está en fase temprana, con mayor adopción en grandes despachos y asesorías corporativas que en pymes jurídicas.
¿Puede un abogado usar ChatGPT sin comprometer el secreto profesional?
Sí, con condiciones. El uso de ChatGPT con datos reales de clientes requiere las opciones de privacidad avanzadas de OpenAI (API sin retención de datos) o soluciones desplegadas en entornos privados o locales. Usar la versión pública con información confidencial implica riesgos legales y deontológicos.
¿Qué impacto tuvo la huelga de los LAJ en 2023?
La huelga duró 63 días (del 24 de enero al 28 de marzo de 2023) y suspendió cerca de 400.000 juicios y vistas, dejando sin procesar unas 480.000 demandas. El retraso generado se sumó a la carga estructural preexistente, con efectos que los propios juzgados calcularon en varios meses de recuperación.
¿Qué tareas jurídicas puede automatizar la IA hoy?
Las más consolidadas son la revisión de contratos (detección de cláusulas problemáticas o ausentes), la búsqueda y resumen de jurisprudencia, la generación de borradores de escritos procesales y la gestión de plazos. La estrategia procesal, la valoración del riesgo y la representación ante el tribunal siguen siendo exclusivamente humanas.
¿El AI Act europeo afecta a los sistemas de IA usados en el ámbito judicial?
Sí. El Reglamento de IA de la Unión Europea clasifica los sistemas de IA aplicados a la administración de justicia como de «alto riesgo». Esto implica obligaciones de transparencia, trazabilidad de decisiones, supervisión humana y evaluación de conformidad antes de su despliegue. El reglamento entró en vigor en 2024 con períodos de adaptación gradual.
